Pedro Andrés Joya, juez penitenciario: “La cárcel es un mal necesario”

El juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada, Pedro Andrés Joya, es el encargado desde hace seis años de velar por las situaciones que afectan a los derechos y libertades fundamentales de los presos que se encuentran en la centro penitenciario de Albolote y en el Centro de Inserción Social. De su relación directa con los internos y los funcionarios saca conclusiones “positivas”, si bien reconoce que en sus inicios tuvo “unos meses de adaptación difíciles”. Destaca que su experiencia está siendo “intensa”, tanto en el trato con los internos como con los funcionarios, y mantiene que, a pesar de sus limitaciones, se puede hacer una “buena labor” en un juzgado “más de personas que de leyes”. Éstas son las respuestas a la entrevista no pactada que concedió a los internos de La Voz del Mako.

P-¿Qué opina sobre la masificación de las prisiones  y, en concreto, de la de Granada?

R-La masificación es el peor enemigo que tiene el sistema penitenciario. Es un problema de política penitenciaria, criminal y económica. Las tres tienen que confluir: la legislación penitenciaria para ofrecer centros, la política económica para que se pueda dotar esos centros, y la criminal o penal para que ofrezca medidas alternativas a la prisión en delitos menos graves. Yo creo que hay un efecto pernicioso, algunas veces, de la legislación en función de determinadas circunstancias. Si alguna vez el Estado español logra reducir la población reclusa a unos límites razonables, evidentemente el tratamiento será muchísimo mejor.  Son muchos internos para el número de funcionarios existente y es un problema que afecta a todas las cárceles.

P-Uno de los derechos que más se nos vulnera a los presos es el principio celular que se recoge en el artículo 13, por el cual tenemos que disponer de una celda individual y que sólo se podrá compartir a petición propia. Ninguno pedimos compartir celda. ¿Qué hace falta para que el juez de vigilancia tome cartas en el asunto y exija a Prisiones resolver el problema?

R-Que desaparezca la masificación y que evidentemente se pueda cumplir. El mismo artículo establece la excepción, como medida temporal, pero el Tribunal Constitucional ha interpretado, tanto en eso como en el derecho al trabajo penitenciario, que está condicionado a la disponibilidad. Ten en cuenta que para que se cumpla el permiso celular en Granada se tendría que hacer otra prisión igual que ésta y en Málaga un par de ellas más. Ahora hay incluso restricciones importantes dentro de la propia prisión. Es una cuestión de política económica y, a nivel de lo que es jurisprudencia, sería imposible porque claro conllevaría la inejecutabilidad de las sentencias.

P-En las actuales condiciones, ¿cree que es posible reinsertar a un buen número de presos?

R- Creo que es posible pero la reinserción es dual, necesita de las dos partes. Los organismos del Estado -desde Instituciones Penitenciarias a la Administración de Justicia-, de un lado, y el interno de otro. La reinserción pasa porque el interno se quiera reinsertar y después de esa primera voluntad está una segunda reeducación en el sistema penitenciario y una ayuda de la justicia mediante la concesión poco a poco de beneficios. Pero la reinserción tiene que empezar en el interior del centro. No es un milagro, una iluminación del espíritu santo que baja y dice: ya está usted reinsertado. Para mí hay dos cosas fundamentales para que se pueda reinsertar un preso: La educación, hay que reeducar o educar a esa persona, tiene que ir a la escuela, comprender qué es la sociedad y aceptar sus normas. Y una segunda, no menos importante, es que la sociedad le ofrezca un trabajo digno y adecuado. Con una situación como la actual, donde más de cuatro millones de españoles están en paro, pues qué vamos a decir. Pero evidentemente esa persona necesita salir y necesita incorporarse al mercado laboral.

P-Hay compañeros que tienen cumplida más de la mitad de la pena y no son conflictivos. ¿Qué criterios tiene para conceder o denegar permisos?

R-Los requisitos objetivos lo sabemos todos: tener cumplida una cuarta parte, observar buena conducta y estar clasificado en segundo grado de tratamiento. ¿Qué hace falta además? La garantía de que esa persona en el exterior se va a comportar adecuadamente. Yo tengo una frase que quizá sea dura y que no quiero ocultar: Hay magníficos presos y pésimos ciudadanos. Nosotros lo que hacemos es volver a colocarlos en la sociedad y hay que tener una mínima garantía de que efectivamente se va a hacer buen uso de ese permiso por muchas circunstancias. Para eso está el equipo técnico.

“La sociedad piensa que aquí se entra por una puerta y se sale por otra. Ustedes mejor que nadie saben que no es verdad”

P-A su juicio, ¿qué resulta más efectivo? ¿Una política penitenciaria  más centrada en la disciplina o en el tratamiento?

R-Ambas cosas van de la mano. El tratamiento es fundamental, la disciplina imprescindible. La disciplina implica convivencia y, en este caso, es obligada porque el interno no elige a las personas con las que quiere convivir. Si no existiera, el principal perjudicado sería el interno. Todos conocemos centros penitenciarios de otros países donde los funcionarios no entran, están en el perímetro. Excuso decirles lo que hay dentro: falta de leyes, orden y el imperio de la ley del más fuerte.

P-¿Es partidario de los beneficios penitenciarios y así poder controlar la posible reinserción del preso?

R- Se debe tender al régimen abierto controlado pero para ello se necesitan medios que ahora no estamos en disposición de ofrecer. Se ha dado un paso importante con los Centros de Inserción Social pero la figura de ‘agente de libertad vigilada’, que se dice en las películas, es una utopía. Pero hay que perseguirla.

P-Hay muchos internos que tienen ya cumplidas las tres cuartas partes de la condena y no se ha iniciado el expediente de libertad incondicional. ¿Tiene competencias para obligar a la dirección a que proceda en consecuencia?

R-Si está en tercer grado puedo pedirle a la dirección que por qué no se eleva el expediente y, ante las razones que me dé, acordar que se eleve el expediente y se instruya para que interno pueda o no recurrir. Si no está en tercer grado, no. El requisito primero no es tener solamente tener cumplidas las tres cuartas partes sino estar en tercer grado de tratamiento. La vía no es solicitar la elevación del expediente de libertad condicional, que no cabe, sino recurrir la clasificación. Pero para solicitar la libertad hace falta tener cumplidas las tres cuartas partes de la pena y estar en tercer grado, o tener cumplidas las dos terceras partes, haber realizado actividades de manera destacada y estar en tercer grado, que es insoslayable.

Pedro Andrés Joya, en un momento de la entrevista.

P-¿Qué opinión le merece la última reforma del Código Penal?

R-Creo que es positiva porque rebaja la pena de prisión tan elevada que había para delitos contra la salud pública en determinadas circunstancias. Es positiva en cuanto que ha eliminado la dualidad de penas en los delitos contra la seguridad vial. Igual ustedes lo perciben poco, pero el juzgado de Vigilancia muchísimo porque antes había que imponer entre pena de prisión o multa, y trabajo en beneficio de la comunidad. Ahora solamente entre multa o trabajo en beneficio de la comunidad. Es trascendente la reforma porque también elimina el periodo de seguridad. Ha dado unos pasos importantes y necesarios en material penal y penitenciario.

P-¿No cree que existen desequilibrios entre las penas con delitos de sangre y las que no lo son?

R- No existe ese desequilibrio. Se ha estudiado mucho el código penal. Quizá si existe cierto desequilibrio entre algunas penas, que ahora se han reducido. El propio Tribunal Supremo ha llamado la atención porque había penas excesivamente graves. Discuto en ocasiones con la gente de la calle, que muchas veces no nos entienden, cuando dice que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Ustedes saben mejor que nadie que eso no es verdad pero saben que la sociedad piensa eso y nuestros políticos lo piensan, lo dicen y además lo hacen. De hecho han puesto un código penal que a mí me parece de los más duros que hay. Hace unos años vino conmigo a una magistrada danesa a la Audiencia Provincial y se extrañaba de las penas tan elevadas que se ponían. Sí considero que existe una sobredimensión de la pena de prisión, que debería ser un poquito más atenuada , sobre todo -como ahora se ha razonado- con los delitos contra la salud pública porque había veces que la pena se disparaba.

“No creo en la cadena perpetua ni en la pena de muerte porque niegan el principio del sistema penitenciario que no es otro que la reinserción”

P-A la gente que delinque por culpa del consumo de la droga, ¿por qué no cumplen condena en un centro terapéutico y no en la cárcel?

R-Eso está previsto cuando hay una voluntad del interno de abandonar el consumo y esa voluntad tiene que iniciarse aquí. Ustedes saben que hay un tercer grado, recogido en el artículo 182, para que se cumpla en centros terapéuticos. También el juez de lo Penal o sentenciador tiene la potestad de suspender el cumplimiento de la sentencia cuando es inferior a determinados años pero con la condición de que se siga un tratamiento de desintoxicación. El problema está en que no podemos tener siete u ocho delitos y cuando llega la orden del juez de lo Penal de proceder al ingreso en prisión, entonces decir que quiero ir a un centro. Esa voluntad se tiene que manifestar antes, tiene que haber unos informes. Entonces ya se viene aquí y aquí tiene que seguir con la misma voluntad, con seguimientos médicos.

P-En ocasiones, desde los medios de comunicación se alienta el debate sobre  la cadena perpetua para determinados delitos. ¿Qué opinión le merece?

R-No creo en la cadena perpetua. Por supuesto está fuera de todo comentario que no creo en la pena de muerte y creo que no se puede creer en ellas porque niegan el principio del sistema penitenciario que es la reinserción y la reeducación del interno. Puede existir una pena más o menos grave, puede existir una acumulación de penas con unos límites más o menos altos, pero es que además yo creo que cuando se habla de la cadena perpetua de otros países, como es Francia, no se está informando bien a la ciudadanía. En ninguno de nuestros países de nuestro entorno existe la cadena perpetua porque, aunque se imponga, luego esa cadena es revisable.

P-¿Qué es para usted una cárcel?

R-Para mí es un mal necesario. Creo que existen desde que se formaron los primeros poblados con empalizadas de madera y desgraciadamente ahora no están en condiciones de desaparecer. Pueden ser terribles como en muchísimos países del mundo, tanto civilizados como no; puede ser un sistema bastante bueno, como es el español, si no hubiera la masificación que hay; y puede haber sistemas mejores. Se debe dirigir nuestra acción hacia un régimen abierto controlado. Creo que se va en ese camino, de hecho se están abriendo cada vez más centros de inserción social y dan un magnífico resultado. Siempre está la espada de Damocles de la regresión de grado. Al interno, cuando le quito el grado, le digo que no olvide ser un ciudadano modélico.

“No hay corporativismo entre jueces. El gran temor de un juez es que lo pille por banda otro juez por miedo a que lo critiquen demasiado”

P-¿No cree que hay cierto corporativismo entre los jueces a la hora de defenderse? Por poner un ejemplo, el caso Mariluz.

R-No existe tal corporativismo. Es más, el gran temor de un juez es que lo pille por banda otro juez por miedo a que lo critiquen demasiado. Creo que Rafael Tirado no cometió absolutamente ninguna imprudencia en el caso lamentable que afectó a esta niña. Sencillamente había un señor que estaba pendiente de entrar en prisión y como en 300 o 500 casos de internos de Albolote no ingresó inmediatamente en prisión. Ese problema se evitaba si  todos los juzgados de lo Penal, siendo firme la sentencia, librasen una orden de búsqueda y captura a la Guardia Civil. Pero entonces no se da lugar a suspensiones de condenas, no da lugar a libertades condicionales… No olviden nunca, y ya se puede decir, que el que mató a la niña Mariluz fue Santiago del Valle al que le han caído 22 años de prisión. No hay ninguna actuación irregular.

P-¿Cuáles son las peticiones o quejas más frecuentes que le trasladan los presos?

R-Son unas 700 al año y no sabría decirle porque no hay temáticas específicas. Son variadísimas. Desde las cosas más insospechadas hasta las cosas más corrientes. Una que ya empieza a decrecer, pero que era muy frecuente, afectaba a los servicios médicos por no dar el tratamiento que el interno consideraba adecuado. Ahí siempre he sido tajante y se lo explicado a muchos internos: nunca voy a decir qué pastillas tiene que dar el médico porque no lo sé. El que tiene que recetar es el médico, de la misma forma que él no puede condenar. Se puede quejar de que ha pedido que el médico le vea y no le ha visto, pero una vez que le ha visto el tratamiento le corresponde a él.

P-Casi siempre prevalece la presunción de veracidad de los funcionarios en lugar de la de los internos. ¿Ayudaría en algo que los presos pudieran organizarse en una especia de sindicatos?

R-No está previsto en el reglamento penitenciario pero sí tienen una serie de comisiones y reuniones. Esos son los cauces que tienen de presión hacia la dirección, no hacia el juez de vigilancia penitenciaria, que no gobierna el centro.  En materia disciplinaria el juzgado de vigilancia tiene una función última porque además, ya contra su decisión, no cabe recurso. ¿Por qué prevalece? No hay una presunción de veracidad como no lo hay en el proceso penal cuando en un juzgado declaran agentes de la Guardia Civil o de la Policía. Lo que hay es lo que nosotros llamamos causas de incredibilidad subjetiva porque no hay una razón por la que el funcionario, guardia civil o policía tenga  ánimo de mentir. No hay una animadversión previa o un enfrentamiento previo, o una relaciones previas personales. ¿Por qué con ustedes no va a ser imparcial la administración? En casos puntuales puede que no lo sea, incluso que no lo sea un juez particular. Pero en el caso general, la administración es imparcial y la comisión disciplinaria tiene que serlo, objetiva  e imparcial.

P-¿Cuál es el procedimiento para resolver la incompatibilidad?

R-Tanto para que se ponga o quiten incompatibilidades tiene que haber razones objetivas que la Subdirección de Seguridad y la Dirección del centro puedan apreciar. Tenga en cuenta que esto no es un sitio donde se pueda elegir. No basta con decir que soy incompatible con otro preso para tratar de irme a otro módulo.  La distribución interior de la prisión es competencia exclusiva del director porque, entre otras cosas, yo no sé qué modulo está lleno o vacío, o qué modulo tiene un determinado perfil de internos. Lo que no se puede es utilizar la incompatibilidad sin un mínimo de prueba para conseguir el propósito del interno.

P-¿Por qué sigue existiendo el régimen del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) si fue ilegalizado por el Supremo?

R-Fue ilegalizado en cuanto a que de él se pudiera derivar un régimen de vida especial. Lo que pasa es que ahora se ha regulado en función de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que no es que ilegalizaba, sino que venía decir que FIES no es una clasificación sino una designación, una llamada de atención. Saben que hay distintos ficheros especiales. Antes el fichero FIES no venía en el reglamento penitenciario ni en la ley orgánica general pero ahora se ha incluido con todos los parámetros que el Supremo y el Constitucional han marcado.

P-¿Por qué unos centros prohíben el uso de las videoconsolas y otros no?

R-Había centros penitenciarios que permitían las videoconsolas y otros no. Luego había juzgados de vigilancia que en unos casos las concedían y en otros ratificaban la decisión de la prisión porque existen videoconsolas que permiten la manipulación y la puesta en contacto  con el exterior, como ahora ocurre con la wii, que se conecta a internet. Eso provocó una reforma a nivel general de Instituciones Penitenciarias que llegó a prohibir las videoconsolas en todos los centros. La propia secretaría general de Instituciones Penitenciarias estableció un régimen transitorio que era que aquellos internos que la tuvieran autorizada judicialmente la pudieran conservar hasta su deterioro o puesta en libertad pero como régimen transitorio.

P-¿Qué opina que en un Estado aconfesional el Consejo de Ministros atienda las peticiones de las cofradías para que indulten a presos?

R-Que un Estado sea aconfesional no quiere decir que sea ateo. Quiere decir que no procesa ninguna religión como Estado pero la propia Constitución estableció la especial relación que debe tener  con las confesiones religiosas y, de manera especial, con la católica por ser la mayoritaria del pueblo español. Creo que es una tradición y los pueblos no deben de perder sus tradiciones. A mí no me parece mal por lo que engendran de tradición y por lo beneficioso que puede ser para determinadas personas. De todas maneras la gracia del indulto es mucho más frecuente de lo que se cree. Raro es el día que no vienen indultos parciales o totales en el Boletín Oficial del Estado.

Los internos posan junto al juez (tercero por la izquierda) tras la entrevista.
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Un comentario sobre “Pedro Andrés Joya, juez penitenciario: “La cárcel es un mal necesario”

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  1. Hola, buenas tardes. Soy una mujer mayor y enferma que estoy recibiendo informacion muy dura sobre el trato que esta recibiendo unade vuestras compañeras, Noelia Cotelo. Podriais decirme si el trato vilento e injusto que dice recibir, es autentico. Si es cierto todo lo que cuentan algunos foros y sus propios padres, es terrorifico, inhumano y deberia abrirse una investigacion y juzgar a los responsables y culpables.
    Un saludo.

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